Un gobierno científico y en mangas de camisa

Los políticos en México hacen modas; sus mujeres también. Así, las revistas de cotilleo se nutren de cómo se viste el presidente y su esposa, desde el nivel federal hasta el municipio más pobre del país. El resultado es una pésima moda que no a todos les queda y lo peor: ¡Hacen el ridículo de su vida!

Así a ellos, los podemos ver con trajes increíblemente guangos y grotescos, y cerradas corbatas que los ponen azules por la asfixia y a ellas, trastabillar sobre los tacones chuecos de inseguras zapatillas o moradas por fajas que intentan dominar sus “michelines”… pero ellos y ellas creen que vestirse a la moda es la moda política.

El caso más grave de remedo es, ahora si: ¡La forma de gobernar!, llevándose las palmas el “presidencialismo autoritario”… perfectamente retratado en la película de Luis Estrada: La ley de Herodes. En ella, un camaleónico Damián Alcázar, impostado como Juan Vargas, será la fría personificación del político corrupto y amoral que se ha creado desde la colonia hasta nuestros días, bajo la lógica de que estando en el estiércol tienes que comerlo, porque así lo dicta la Ley de Herodes: o te chingas o te jodes.

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Esos políticos se han perpetuado en el sistema mexicano porque la sociedad civil es muy débil y se le ha mantenido tanto en el analfabetismo funcional como en el político. Sumidos en el letargo por un discurso populista, el pueblo, no atina a crear modelos organizativos que hagan un uso real de sus derechos civiles y políticos para exigir, en base a las leyes que el Estado Mexicano tiene: un gobierno científico y en mangas de camisa. Me explico.

A lo largo de la historia, tanto filósofos como administradores, han tratado de encontrar, organizar y crear métodos objetivos y racionales para administrar la cosa pública, desde las seis formas señaladas por Platón y Aristóteles hasta la moderna Gobernanza Democrática, que exige un alto nivel de preparación de los administradores y de los propios ciudadanos participando activamente en las políticas públicas; y de igual manera, desde la creación del burócrata inepto vía nepotismo, hasta el burócrata altamente calificado y consciente de los controles de calidad de un “servicio civil de carrera” y la “Nueva Gerencia Pública”; en nuestro país y nuestro estado, no hemos podido construir un gobierno eficiente, eficaz, democrático y justo.

En esa búsqueda por construir gobiernos eficientes y eficaces que gobernaran para el mayor bien común de la gente, vimos al mundo partirse en dos, desde principios del siglo pasado, cuando la Revolución Bolchevique derrotó al Zarismo en Rusia. La Guerra Fría confrontó modelos de producción, administrativos y formas de hacer política, apuntándose con una espantosa maquinaria bélica que tiene, aún, al mundo en vilo.

El derrumbe del socialismo real en Rusia y las crisis del capitalismo financiero, creadas desde el corazón mismo de Wall Street, sacaron a relucir un factor común: la corrupción de los políticos y administradores, destruyendo sistemáticamente todo modelo eficiente de administración. Ahora sabemos, por definición, que la corrupción es una violación activa o pasiva, de un deber posicional o del incumplimiento de una función de carácter político con el objeto de obtener un beneficio extraposicional.[1].

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Foto internet: Silva, Mota, Lagos y Duarte en traje.

Cientos de libros existen sobre administración pública, y leyes que regulan y pretenden controlar al “servidor público corrupto”, nacieron desde las primeras “contralorías” internas, como por ejemplo: la Dirección de Contabilidad y Glosa creada en 1910 o el Departamento de Contraloría del 25 de diciembre de 1917, hasta llegar al día de ayer, donde, el presidente Peña Nieto, se desgarra las vestiduras y le pide perdón al país, por haber comprado una casa de más de 70 millones de pesos en condiciones de un real beneficio extraposicional, mientras decretaba las Leyes que regularán el nuevo sistema Anticorrupción. Es obvio que el agravante que alimenta a la corrupción es la impunidad; al igual que la falta real de mecanismos que sancionen a los corruptos y que termina creando un círculo perverso que los anima a seguir delinquiendo.

El largo proceso de corporativización de organizaciones, de cooptación de líderes opositores o su franca eliminación y la alienación del ciudadano han dado como resultado la anomia de la sociedad civil, creando ahí el caldo de cultivo de una cultura de la corrupción.

Sin embargo, en medio de la crónica crisis económica y moral de los gobiernos, se encubó algo más sensible a los ciudadanos: el miedo a perder la libertad. La corrupción ha sido tolerada en la medida en que los gobiernos muestran una relativa capacidad de “hacer algo” y medio garantizarle a la sociedad civil la seguridad de sus transacciones… pero el Estado falló en una de sus funciones vitales, garantizar la seguridad de la vida y las posesiones de las personas frente a la delincuencia organizada, agravándose más aún cuando la corrupción de los políticos abrió las puertas a la prefiguración de un “narcoestado”[2].

El costo reputacional que en décadas pasadas se anulaba haciendo algunas obras o garantizando servicios públicos mediocres, se incrementó en la medida en que los gobiernos no pudieron garantizar, por lo menos: la seguridad pública a la gente y por otro lado, se incrementaba la mediocridad en toda la estructura burocrática de la administración pública.

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Por ello, cualquier nuevo gobierno tiene retos muy claros: acabar con la corrupción y arremangarse la camisa para ponerse a trabajar de manera eficiente y eficaz.

No hay que descubrir el hilo negro, en la administración pública, existen herramientas de probada eficacia para que el gobierno cumpla con políticas públicas pertinentes que redunden en un mayor bien común (hoy le llamamos capital humano y capital social)[3].

Sin duda, ante las graves violaciones y fraudes a la ley y demás actos contrarios a los derechos e intereses de los veracruzanos por parte del actual gobierno que preside Javier Duarte de Ochoa, el nuevo gobierno surgido de una coalición entre el PRD y el PAN, está obligado a crear las condiciones para iniciar la construcción de una “gobernabilidad democrática”[4], donde el principal componente es la activa participación de la ciudadanía en el diseño, control y fiscalización de las políticas públicas (desde el presupuesto participativo hasta la construcción de una pequeña escuela pública, etcétera); activa participación que “acompañe” al gobierno legitimando sus acciones ejecutivas, pero que además, se vuelva garante en vigilar que el erario no se desvíe de su objetivo social.

Los estropicios que Duarte está cometiendo en contra de la estructura del Estado tienen un fin: imposibilitar la gobernanza democrática del nuevo gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y lo hace en la medida en que lo “ve solo”, es decir, sabe que los veracruzanos y las veracruzana aún no alcanzan la mayoría de edad ciudadana como para oponerse a sus criminales acciones y al hecho de que tiene bajo su control a las organizaciones corporativizadas del viejo régimen, incluido a los poderes legislativo y judicial.

Por ello el dilema es claro: o se sigue gobernando desde el “presidencialismo autoritario” imponiéndole al pueblo cualquier ocurrencia en políticas públicas, con el fin de escamotearlas y robarse algo del erario o se convoca a la ciudadanía a que “tome el gobierno en sus manos”. La primera forma es fácil, pues todos nos hemos creado en ella y se sintetiza en la corrupción de la administración pública (No me den ¡Pónganme donde hay!, Tlacuache Garizurieta dixit) y la segunda si es difícil pero no imposible, para ello, mínimamente se necesita:

Un Gobierno Abierto (Opengov), es decir más allá de los institutos de acceso a la información, se deben de crear mecanismos soportados en la TIC`s, para que la ciudadanía tenga a mano toda la información pública, sin pedirla, y pueda de ese modo, tomar decisiones con conocimiento. Hoy ninguna página de transparencia sirve.

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Foto IPCN: Miguel Ángel Yunes y las propuestas de un gobierno ciudadano.

Una Rendición de cuentas (accountability) cierta y verificable, enriquecida con los motivos y razones que hicieron que el servidor público tomara una determinación o aprobara tal o cual obra pública.

Una Ley de Revocación del Mandato[5] que le permita a la ciudadanía sancionar a los servidores públicos por sus acciones pasivas o activas de corrupción, rompiendo con ello el círculo perverso que existe en las actuales administraciones públicas.

Una Ley de Participación Ciudadana que garantice el derecho a la ciudadanía de participar en la creación, elaboración, control y fiscalización de todo tipo de política pública y con capacidad vinculante para denunciar los actos de corrupción.

Como el dinero es el meollo del asunto, desde Porto Alegre, Brasil, tenemos la rica experiencia del presupuesto participativo, donde la ciudadanía participa activamente en la formulación de cómo se debe de gastar y aplicar los pocos recursos que el moderno Estado tiene; no solamente legitimando la toma de decisiones, sino eficientando el gasto social.

Por supuesto que faltan cosas, pero se irán haciendo en la medida en que nos arremanguemos las camisas, nos pongamos ropa y zapatos de trabajo y de manera honesta, de políticos y administradores con una ética pública de servir al bien común: las vayamos construyendo en el camino con una ciudadanía conscientemente participativa.

Esto nos obliga a crear buenos hábitos administrativos y dejar de una vez por toda la moda de la corrupción, pues como decía mi abuelita: la mona aunque se vista de seda ¡Mona se queda!

[1] Malem Seña, Jorge F. , Política, p. 582.
[2] https://es.wikipedia.org/wiki/Narcoestado
[3]http://bibdigital.flacso.edu.mx:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/3983/Bustos_MT.pdf?sequence=1
[4] http://www.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/democratic-governance-and-peacebuilding/overview.html
[5] https://www.amazon.es/Revocaci%C3%B3n-del-Mandato-Gobernantes-Corruptos-ebook/dp/B00CGETV7G
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