Contralorías Sociales

La historia de la humanidad es una lucha entre los que tienen poder y los que viven subyugados por él. Marx diría con más precisión que dicho poder depende de quien sea dueño de los medios de producción.El siglo XX, pudo contrastar objetivamente la capacidad de lo sistemas capitalistas y socialistas en su eficacia para constituir gobiernos que en última instancia trabajaran para el bien común, socializaran los ingresos, y sobre todo, bajo la premisa de que el pueblo es el soberano, permitieran que ese pueblo tomara las decisión políticas más trascendentales: debemos de reconocer que ninguno lo logró.

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Foto IPCN.- Ciudadanos exigiendo el pago de sus salarios.

En ambos campos podemos constatar la creación de élites de poder que, con diversos métodos, someten a la mayoría de sus poblaciones a vivir en la pobreza con niveles de explotación graves; en sistemas que coartan libertades y una sistemática violación de los derechos humanos fundamentales.

Ni las fuerzas del mercado, ni la economía planificada desde el centro, han podido construir un modelo económico sustentable y sostenible, y menos: que distribuya de manera más justa el ingreso obtenido en su modelo de producción.

Pobreza e iniquidad son los signos de un nuevo siglo que ha globalizado la economía y ha acercado a las culturas en un simple clic en la red de redes, pero fatalmente ha separado a los ricos de los pobres.

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Foto IPCN: Campesinos atados a las columnas del Palacio de Gobierno exigiendo créditos para sembrar sus milpas.

Tanto el Estado Benefactor, como el Estado Socialista, han mostrado sus fallas a la hora de rendir cuentas con la democracia, y no la democracia instrumental de decidir mediante el voto quien gobierna, sino del demos que participa en la elaboración de las políticas públicas prioritarias, en su implementación tanto de manera eficaz como eficiente, en la pertinencia con las necesidades más apremiantes de la población y finalmente ejecutadas con la transparencia y la probidad debida.

A la hora de someter a juicio los sistemas de gobierno que coexisten en el mundo globalizado, uno de ellos llama la atención: el grado de corrupción en la administración de las políticas públicas.

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Foto IPCN: Jóvenes estudiantes de la UV exigiendo al gobierno que pague los recursos a la institución para que la educación superior no decaiga.

Mientras los Estados Unidos se enfrascan en la construcción de gobiernos abiertos y juicios contra los corruptos en un ciclo interminable; China, se bate en una campaña contra los “Tigres y las moscas”, porque dice que son tan peligrosos los actos corruptos de un alto funcionario como el del más simple.

Pero todos esos mecanismos de control: son internos y por lo tanto, tienden a entrar en sintonía con el entramado de corrupción.

Los indicadores sobre la corrupción que elabora Transparencia Mexicana[1] ubican a México en el lugar 103 de 175 países y con un puntaje de 35/100, pero además, dado que ya somos un país de gobiernos divididos, compartidos y traslapados: ningún partido político logra diferenciarse de manera específica en cuanto a la percepción de que son instituciones corruptas.

Un dato más sobre el tema es su costo social; el año pasado Transparencia Internacional dio a conocer que se cometieron en el país 200 millones[2] de actos de corrupción con un costo de 400 mil millones de pesos, lo que representa el 8.52% del presupuesto federal de este año.

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Foto IPCN: Campesinos de diversos municipios le exigen al gobierno que aplique recursos para el campo.

El siguiente elemento que compone el complejo tema de la eficiencia y eficacia de un sistema político es su cultura de la legalidad. En el Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, elaborado por el antiguo IFE y el Colegio de México (IFE, 2014, pp. 42-48) se da a conocer el dato de que el 66% “considera que la ley se respeta poco o nada”. Significa que una tercera parte de la gente está dispuesto a acatar el Estado de Derecho, mientras dos terceras parte no lo hacen, de hecho señala el documento que se “negocia la ley”, luego entonces se pacta, se cede, se negocian, se incluyen y se reparten espacios de poder como mecanismos de control del sistema político, que medra entre las redes sociales y el sistema clientelar que emerge del populismo mexicano; lo que frena un real cambio cultural y el arribo de una ciudadanía proactiva, que exige derechos como contraprestación porque simplemente cumple con sus obligaciones.

En ese tenor el campo jurídico está minado, si la mayoría no cree en la trascendencia del Estado de Derecho, prima entonces la simulación y el cinismo, porque si duda, tanto la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la de Responsabilidades administrativas, más el capítulo de X del Código Penal Federal sobre los Delitos Cometidos por los Servidores Públicos, que lista las conductas punibles que afectan la buena administración, al no cumplirse cierran el círculo de perversión: corrupción, impunidad, más corrupción.

Se suponía, dentro de los sistemas de control, que bastaba con que los poderes clásicos se equilibraran y se vigilaran unos a otros; pero pudimos ver a lo largo de la historia que en el presidencialismo autoritario: tanto el poder Legislativo como el Judicial, siguen subsumidos al “jefe” en turno que ostenta el Poder Ejecutivo. Luego supusimos que el sistema electoral, que garantizara el sufragio universal, libre y secreto, le daría suficiente poder al ciudadano para castigar al gobernante corrupto; la entronización del clientelismo y el fraude electoral echó por la borda la capacidad de castigar mediante el voto a los corruptos; después vinieron los controles horizontales, donde la consigna de De la Madrid hizo historia: la Renovación Moral, campaña resultado de la vergonzosa bacanal sexenal de López Portillo. Llegó de la mano los sistemas gerenciales de la administración pública, los controles internos en cada dependencia, las contralorías, chiquitas y grandotas, y cada estructura estadual diseñada para controlar sólo vino a sumarse al “mecano” de la corrupción imperante.

El caso más dramático ha sido la alternancia, que como dijera Lampedusa: se volvió un gatopardismo. Histórica la frase de “Pancho” Barrio, al frente de la Secretaria de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, cuando dijo que agarraría peces gordos; la prensa criticó; atrapó puros “charales”.

Luego, los organismos autónomos, hasta la fecha, la mencionada autonomía está acotada por el poder del “presidente” y más modernamente, por el “partidarismo”: esos controles tanto horizontales como transversales a lo largo de tres lustros, viven un estado de “confort” que les impide acelerar la crisis del Estado Mexicano y resolverla en un sistema de gobernanza democrática.

La Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil; se queda corta, pues está diseñada para apoyar acciones que se hacen de manera subsidiaria a los que está obligado el Estado, pero no para controlar a los servidores públicos que corrompen la función administrativa del Estado.

Por su parte, la Ley General de Desarrollo Social, prevé las contralorías de manera acotada para que sea una forma de organización de los “beneficiarios” de los programas históricamente clientelares, lo que permite el control de los controladores… no es raro que estas contralorías sociales de SEDESOL, sean a la vez los mecanismos de control para llevar a la gente a votar.

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Foto IPCN: Debido a la corrupción imperante en el gobierno, ciudadanos de varios municipios exigen que se apliquen recursos para sus comunidades.

Nos queda una parte del Ethos de la sociedad mexicana como salida a la profunda crisis del sistema político mexicano, la cual, tiene que tomar el control de los políticos y de la cosa pública en general en sus manos, constituyéndose en auténticas Contralorías Sociales, sin cortapisas y sobre todo, con la atribución jurídica de que sus denuncias sean vinculantes para fincar no solamente responsabilidades administrativas a los servidores públicos por su desempeño corrupto, sino, tengan plena vinculación en el derecho penal para sancionarlos, garantizándoles el debido proceso, por sus actos de corrupción.

Esta ciudadanía que ya se desempeña en funciones de manera subsidiaria en áreas sociales, tiene que avanzar judicializando su acción y su protesta, exigiendo transparencia y rendición de cuentas, pero además: fincando responsabilidades penales a todo servidor público que corrompa su función.

Implica, positivizar lo que ya está en la práctica de la sociedad, es decir, impulsar una reforma constitucional que cree un nuevo derecho civil y político a los enunciados por el artículo 35 de la Constitución Federal; se trata de agregar la fracción décima, que bien puede enunciarse así:

Artículo 35.- Son derechos del ciudadano:

– VIII. … Asociarse individual y libremente para constituir contralorías sociales que coadyuven en la formulación, implementación, desarrollo y fiscalización de todo tipo de política, obras y servicios públicos en los que participe el Estado. 

La Ley General de Desarrollo Social regulará las bases de la conformación de las contralorías sociales, así como sus facultades y atribuciones. Todas las dependencias del gobierno federal, estatal y municipal difundirán ampliamente su programa anual de actividades e impulsarán la creación de las contralorías sociales.

 

[1] http://www.tm.org.mx/ipc2014/

[2] http://www.proceso.com.mx/?p=384995

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